¿Y donde esta el acuerdo?

Ya nadie es indiferente. Con argumentos concretos, por simpatía o siguiendo a la masa, la sociedad ha tomado partido en el mayor conflicto que el matrimonio Kirchner ha tenido que afrontar.
El sector que más divisas aporta al desarrollo de la economía nacional se cansó de ser manoseado y maltratado, y hace más de 70 días que agrupó a todos sus componentes y hace frente a la Administración de Cristina Fernández, en busca de una política agropecuaria eficaz.
Antes de los movimientos masivos del domingo 25 de Mayo se esperaba un nuevo capítulo de lo que ya parece una novela diaria. Pero esta vez se auguraban las escenas finales. Sin embargo la trama parece dar para un rato más.
Para la historia, lo que debe ser una celebración nacional por el homenaje a la Revolución que dio inicio a una Nación independiente hace 198 años, se vivió en medio de la división y la confrontación verbal y de fuerzas, en Rosario y en Salta.
La Presidenta Cristina Fernández se trasladó para el día domingo a la Provincia de Salta, lejos de la Plaza de Mayo, epicentro de los sucesos ocurridos hace casi dos siglos, y donde se debe realizar el festejo central. Y al mismo tiempo, toda la dirigencia del campo concentró a una multitud al pie del majestuoso Monumento a la Bandera.
Los actos del día domingo sirvieron, más que para festejar una fecha patria, se convirtió en una demostración de fuerzas, embanderadas con discursos que apuntaron a mantener abierto el diálogo pero, en el caso del campo con más énfasis, en no dar ninguna señal de “dar el brazo a torcer”.
Cristina Fernández, frente a una gran cantidad de espectadores movilizados desde la Capital Federal en micros pagados con fondos públicos, abrió una pequeña ventana al diálogo, ya que siempre la puerta parece estar apenas entreabierta.
Frente a 200 mil personas, según la policía Rosarina, el campo manifestó la necesidad de un acuerdo urgente, aunque deslizó la posibilidad de nuevas protestas y paros si las negociaciones nuevamente quedaban estancadas en la nada.
Y lamentablemente no le pifiaron. A 24 horas de los actos en Salta y Santa Fe, el Gobierno decidió posponer la reunión, argumentando que las duras palabras pronunciadas por Miguens, Llambías, Buzzi y Gioino lo único que lograron es romper el diálogo.
"No pensé que iba a ser un acto de frases tremendas, de llamados al paro, de amenazas. No fue feliz. Volvieron a repetir que si no hacemos lo que ellos quieren vuelven al paro" declaró ofuscado el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Dialogar así, es imposible”. Sentenció.
Y así comienzo un nuevo capítulo de esta novela, que tiene a maltraer a todo el país y ha originado el estancamiento de la economía. Y las respuestas por parte del campo no se hicieron esperar.
“Lo tomo como una equivocación. Una enorme equivocación”, catalogó a la decisión el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, mientras que el Presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, advirtió que la determinación oficial catapultó al conflicto a "un escenario en el que se va a recrudecer la protesta".
¿Y la Presidenta? Es alarmante el nivel de indiferencia que demostró en varios actos que realizo en los días de paro, como si estuviera todo solucionado o como si fuera que el campo no tendría importancia alguna. No es difícil recordar que el sector agropecuario fue uno de los principales motores de activo la economía después de la crisis del 2001, dejando divisas en el país.
Lejos de parecer importarle la imagen pública que decae cada vez más a medida que el conflicto recrudece, dejó de ser rumor el hecho que Cristina Fernández no ejecuta su decisión propia para tener una solución en el conflicto. Sigue los consejos a ciegas de su marido, del Jefe de gabinete y va directo al Salón blanco a disertar con un discurso que no puede refutar ante cualquier cuestionamiento. Es conocida su poca afinidad con los medios de comunicación, es por eso que nunca se llevan a cabo conferencias de prensa donde los periodistas realmente puedan preguntar lo que ellos quieran preguntar.
Las cuatro entidades del campo han endurecido su postura, y la cancelación de las exportaciones hasta el martes, y la posibilidad de detener las producción a futuro vuelven a dejar en vilo a un país, a la espera de una reacción lógica de la Casa Rosada.


(Escrito con la Colaboración de Jonathan Porter, Gran Amigo desde hace 9 años, Estudiante de Relaciones Publicas y Ejecutivo de Cuenta de www.snappy.com.ar)

¿Libertad de prensa?

La crítica que la Casa Rosada insiste en mantener contra los medios de comunicación se renueva cada semana. La Presidenta Cristina Fernández no pierde oportunidad en cada aparición pública para rechazar la manera en que el periodismo en general “muestra la realidad”, la cual, según su visión, deforma la información mostrando solo parte de ella, justamente, la negativa.

¿Es realmente así? Es para tener en cuenta que los medios audiovisuales y gráficos manejan sus contenidos bajo el concepto de “Agenda Setting”, el cual determina los hechos y sucesos más importantes de las últimas 24 horas según la orientación de cada medio. De esta manera, se constituyen en formadores de la opinión pública, ya que la información transmitida por los distintos canales llega a la audiencia que consume y toma posición de acuerdo al canal o programa que escuchen y/o observen con mas regularidad.

Ese manejo de la información, en algunos casos, se realiza de manera irresponsable, o incluso, trata de inclinar la balanza hacia algún lado en particular.

Más allá de eso, la Administración Kirchner hace entrever ante cada embate hacia el periodismo su poca – por no decir nula – resistencia a la crítica, que no en todos los casos es feroz, sino que es una mera exposición de puntos de vista distintos de acuerdo a alguna decisión gubernamental que el medio o el periodista no comparte, o incluso, que es criticable por no entenderse su implementación – que en estos pocos meses de gobierno, ha sucedido en variadas ocasiones.

¿Es de objetivo “golpista” el criticar? Para Cristina Fernández si. Dicho término fue usado con mucha dureza y fervor ante cada palabra que partiese de los medios que no alineara con los movimientos del Gobierno. Un concepto poco democrático.

Tanto desde Casa Rosada como el recientemente electo presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, atacaron fuertemente a los multimedios, en especial al grupo “Clarín”, a quien llegó a acusar de transmitir mensajes mafiosos, desde la publicación de un dibujo de Hermenegildo Sábat, que mostraba a la Presidenta con una cruz tapándole la boca, lo que fue interpretado por el oficialismo como “censura”.

El punto más caliente de la disputa apareció en las calles en forma de afiches. “TN miente”, “Todo negativo”, en alusión al canal de noticias perteneciente al grupo Clarín, idea que partió desde el corazón del PJ.

Casualmente, al mismo tiempo que se sucedía esta variable de confrontación que los Kirchner utilizan frecuentemente, salía a la luz la intención oficialista de modificar la Ley de radiodifusión por una nueva ley de medios, a lo que se suma, con distintos puntos de vista, la oposición y movimientos cercanos al gobierno, como la CGT y la CTA.

Es tristemente verdad que la Ley nº 22.825, que controla a los servicios de Radiodifusión en el país fue sancionada durante el proceso militar, y que el fin que persigue una posible modificación radica en la intención de democratizar el manejo de información.

Pero desde el Gobierno Nacional jugaron una carta que tenían en la manga: el observatorio de medios. El anuncio realizado por la Presidenta a comienzos del mes de Abril correspondía a la intención del Gobierno de controlar los discursos discriminatorios imperantes en los distintos medios de comunicación. Este organismo está compuesto por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), el Instituto contra la discriminación y la xenofobia (Inadi) y el Consejo de la Mujer.

Pero la creación del Observatorio despierta muchas sospechas, tal vez encubriendo el poco nivel de tolerancia a las ideas y propuestas contrarias por parte del oficialismo.

De todas maneras, las aguas parecen haberse calmado, y la ley quedó relativamente estancada en el Congreso, aunque lo oposición le hizo recordar al kirchnerismo la intención de tratar y sancionar una nueva ley de manera inmediata, lo cual es fundamental para “desmonopolizar” el manejo de los distintos medios y la información, más allá del papel de “víctimas” que pareciera querer adoptar el Gobierno, cuando hay cuestiones turbias y poco claras, como el manejo del INDEC y los siempre polémicos números que publica y la construcción del tren bala, que no dejan de cerrar nunca a los ojos de la opinión pública y el periodismo.

Modernizar cuesta caro

Nuevamente es noticia sobresaliente una polémica determinación del gobierno, en este caso, en cuestión transporte público.
El famoso y controvertido proyecto del tren bala ocasionó un fuerte debate mediático y social, para desgracia del Gobierno de Cristina Fernández.
El objetivo “oficial” para explicar la construcción del polémico tren radica en la intención de implementar en Argentina un servicio moderno y veloz de transporte, cuyo recorrido unirá a la Capital Federal con la ciudad de Rosario y la capital Cordobesa, además de contar con 7 paradas en su trayecto.
El ex presidente Néstor Kirchner había anunciado la idea de la construcción del tren bala a principios del año 2006, cuando daba comienzo el proceso licitatorio, el cual finalizó en enero de este año. El proyecto le fue adjudicado al consorcio Veloxia, liderado por el grupo francés Alstom, y cuyas socias son las firmas locales Emepa e Iecsa y la española Isolux.
"Un salto a la modernidad y una cuestión estratégica”. Así defendió la Presidenta Cristina Fernández al tren de Alta velocidad (TAVE), al momento de firmar el contrato de construcción en la Casa Rosada. También destacó que cambiará el perfil de la región, “ya que comunica al 60 por ciento de la población del país y cruza el corredor industrial más importante”, además de aclarar la creación de puestos de trabajo que originará.
Sin embargo, y a pesar de la férrea defensa que del proyecto sostiene la administración K, el anuncio encontró fuertes críticas de la oposición e incluso de los usuarios diarios de la deteriorada red ferroviaria a nivel nacional.
El epicentro de las quejas se halla en los números que rodean al polémico proyecto: Con las obras todavía lejos de ser iniciadas, el consorcio Veloxia se aseguró una desorbitante partida de US $ 670 millones, la cual será pagada gracias a un préstamo del banco Galo Natixis a cambio de una cantidad de bonos equivalente al monto y la emisión de deuda.
El diputado Juan Carlos Morán, de la coalición cívica, refleja el pensamiento de la oposición legislativa acerca de los excesivos y oscuros números que maneja el oficialismo: "Es toda la falta de transparencia del proyecto, que va en aumento. El Gobierno adjudicó la obra por un presupuesto de 1.326 millones de dólares, pero emitirá bonos de deuda por casi 4.000 millones para pagarla. Hay unos 430 millones de euros adicionales que todavía no se terminan de aclarar”, declaró.
El economista Claudio Lozano fue más punzante en su opinión acerca del proyecto. “El tren bala es un negociado con Francia”, disparó.
Eso no es todo. El empalago de comodidad y relax que resulta al ultra moderno Tren bala saldrá alrededor de $ 600. ¿Quién podrá pagar el costo de ese boleto? Definitivamente no podrán ser los humildes y honestos trabajadores.
A nivel Legislativo, otra falla del Gobierno fue el no presentar al Congreso los estudios de factibilidad y la calificación técnica que cada proyecto de inversión pública requiere, violando de esta manera la resolución SPE 175/2004 (Secretaría de programación económica) y el decreto 720/1995.
El otro punto fundamental de los argumentos en contra se basa en la situación actual del tren en el país. Las líneas de trenes Urquiza, Belgrano, Sarmiento, ex Roca, San Martín y Mitre presentan, en distintos grados, deficiencias estructurales que van desde el mantenimiento de las vías hasta el descuido e incomodidad de los vagones. Y para el año 2008 el subsidio del estado – a empresas concesionarias – subió de $60 millones mensuales a $ 80 millones a partir de Julio.
Todo ello sin contar las constantes demoras y hasta cancelaciones y la inseguridad en muchas de las estaciones en cada línea. Basta con subirse una sola vez para verificarlo. Pero los funcionarios no viajan en tren ni en colectivo.
Pero hay suficientes casos en otros puntos del país para completar un largo sumario de desastrosa administración ferroviaria. Un ejemplo concreto es el tren conocido como el “Gran Capitán”, que une la ciudad de Posadas en Misiones con la Ciudad de Buenos Aires. Un viaje de casi 30 horas que se hace en condiciones lamentables de seguridad e higiene. ¿Dónde está la política ferroviaria?
De todas maneras, para Cristina Fernández, el tren bala permite "colocarnos en punta de lanza en toda América", ya que se trata de la primer iniciativa de este tipo de Latinoamérica. También la línea A de subte significó la primera de su tipo en el continente. Pero esto no es una carrera contra los demás para ver quien es más.
El inicio de las obras del Tren recién se podrá ver el año que viene, ya que en los próximos diez meses el grupo constructor deberá presentar ciertos trámites y estudios, entre los que se incluyen documentos importantes: Estudio final de impacto ambiental, el plan de trabajo y el proyecto ejecutivo definitivo. Dato a tener en cuenta: Autoridades suizas y francesas investigarán a Alstrom por posibles coimas en Brasil, Venezuela, e incluso Singapur e Indonesia, para obtener millonarios contratos en obras públicas.
Así como el tranvía que pasea sin ningún fin por las calles del lujoso barrio de Puerto Madero y que costó una enorme suma de dinero, el Tren Bala causa mayores cuestionamientos que apoyo. Las dudas que surgen con respecto a sus costos y su real utilidad hacen poner en duda, una vez más, las políticas del Gobierno de Cristina Kirchner. Mario Pergolini, en su edición semanal de CQC reflejó el pensar de muchos ciudadanos, con una simple pero sentida frase: “Huele a curro”.
El debate recién empieza.

¿En que quedamos?

La tregua entre el Campo y el Gobierno llega a su fin. Un mes después de la suspensión de las movilizaciones del sector agropecuario, originadas por la suba en las retenciones a las exportaciones, las negociaciones con la Casa Rosada no han avanzado, al punto tal que los máximos dirigentes de las distintas agrupaciones anuncian hoy la vuelta a las rutas, aunque sin cortes ni paros como la última vez.
53 días atrás daba comienzo el paro agropecuario más extenso de la historia. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA) unían fuerzas para enfrentar las medidas del Gobierno de Cristina Fernández, que decidió elevar las retenciones a la Soja, al 44% y a la Carne, que se elevaba al 39%. Incluso en el medio del conflicto el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno hizo pesar su influencia cuando la Subdirección General de Control Aduanero impuso nuevos requisitos al normal control de la mercadería saliente del país.
Esta disposición –una nueva “intervención” de Moreno -, sumada a los feroces discursos de Kirchner no ha logrado más que dificultar los diálogos entre ambas partes. No es dato menor recordar la reciente salida de Martín Lousteau del Ministerio de Economía, cuando ya era público el enfrentamiento con Moreno por las políticas hacia el Agro y las medidas propuestas por el ex ministro, las cuales, según el discurso formal del Gobierno, no hacían más que “enfriar la economía”.
Lamentablemente la administración de los Kirchner ha encabezado con bajo perfil y demasiada lentitud las mesas de diálogo y en voz alta el desacuerdo con el accionar del campo, con tono confrontador y hasta desafiante, en especial por parte del ex presidente Néstor Kirchner.
De todas maneras, el tire y empuje desde los dos lados dificulta la negociación en todo sentido. Por un lado, los productores saldrán a los caminos, aclarando que no existirán cortes ni desabastecimiento de productos, y por el otro, desde Casa Rosada advierten que no negociarán bajo presiones, continuando con la línea que mantuvieron durante el último paro. A ello se le agrega la dificultad, casi imposibilidad, de dar el brazo a torcer por parte de Cristina Kirchner – a un lado de la cuestión -, quien entiende que volver pasos atrás sería una muestra de “debilidad”.
En el marco de las discusiones con los representantes del Gobierno, las propuestas del campo han llegado a oídos sordos, debido a la falta de medidas efectivas para sanar la situación, tales como las tan mencionadas compensaciones y créditos a los pequeños productores o la modificación de las retenciones móviles. Dato llamativo: el detonante de las quejas del Agro nunca fue tocado de manera concreta, aunque el jefe de Gabinete Alberto Fernández deslizó la oportunidad de tratar el tema en una próxima reunión el martes.
El vice de la rural, Hugo Biolcatti, anunció como podrían ser encaradas las protestas, basándose en la propuesta de "que la gente se instale al lado de las rutas y reparta volantes, que haya concentraciones en los pueblos, que haya una presencia activa sin interrumpir las rutas".
Mario Llambías, presidente de CRA declaró que el ritmo de la protesta se definirá como en un partido de ajedrez: Cada movimiento será calculado en función de las decisiones contrarias. Sin embargo, en el tablero juegan personajes que con cada palabra o accionar no hace más que complicar las negociaciones.
En el medio del conflicto se encuentran los consumidores, quienes ya comienzan a temer falta de productos y una suba de precios, más allá de la tranquilidad que intentan impregnar desde el campo. Pero es llamativo como las contradicciones pueden jugar un papel muy importante al momento de analizar las declaraciones de ambos lados. Tal es el ejemplo del martes pasado, cuando en la emisión semanal de CQC, Eduardo Buzzi, de FAA, ante la consulta del notero sobre si debía guardar carne ante el advenimiento de nuevas movilizaciones, contestó fríamente que por las dudas compre carne de sobra.
Igualmente, ante cualquier duda, el INDEC de Guillermo Moreno solucionará todo con un desfile de precios inexistentes para que el ciudadano no tema ninguna suba excesiva en los productos básicos.
Los días pasaron y transcurren, un nuevo paro se avecina, y desde el Gobierno continúan estirando los encuentros. Entonces, ¿En que quedamos?