Intento de soluciones rápidas: las viejas costumbre de funcionarios faltos de proactividad.

El orden social basado en la educación ha sido alterado y se encuentra a tal punto descontrolado que las venenosas garras de la marginalización y la falta de apoyo estatal han logrado extenderse hasta ensuciar el ambiente de violencia desmedida sin aparentes límites.

El reciente asesinato de un ingeniero en manos de un menor de edad enciende por enésima vez la alarma acerca del grado de desprotección que sufren, tanto los inocentes que se acumulan en la triste lista negra de la inseguridad, como las víctimas de la decadencia educativa que contaminó el presente de tantos chicos.

Al debate saltan las soluciones inmediatas que funcionarios como el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, intentan poner en práctica para “palear” una crisis que requiere análisis más profundos, y gente proactiva, no reactiva – tan común en nuestro país.

La administración provincial impulsó un proyecto de Ley, todavía no presentado ante el Congreso, que determinaría bajar la imputabilidad de los menores hasta los 14 años, actualmente establecida hasta los 16, por ley nacional 22.278, sancionada en 1980 (posteriormente complementada con las leyes 22.803, 23.264 y 23.742)

El régimen penal para los menores diferencia la máxima sanción para casos de homicidio, secuestro, abuso sexual agravado, y todo aquel tipo de delito que supere la pena de 6 años de prisión.

Más allá de esta especie de “manotazo de ahogado” que Scioli intenta efectuar, la cuestión indica por simple sentido común, que la solución no radica, en lo más mínimo, en disminuir el límite de edad, para así poder juzgar y encarcelar a chicos que no son más que víctimas de un sistema educativo y social que los obliga a la alienación, y los sumerge en un mundo totalmente paranoico.

Independientemente de la idea de “víctimas”, la justicia argentina demuestra su lentitud e inoperancia en varios de sus estamentos, acompañadas de fuerzas de seguridad insuficiente o inservible, para acompañar y alentar un proceso complejo pero totalmente necesario.

Muchas veces se ha puesto sobre la mesa el desastroso sistema carcelario nacional. Las pésimas condiciones edilicias y estructurales se suman a la falta total de actitud correctiva – dentro de las posibilidades – que un preso debe gozar, con el debido castigo por el delito cometido.

Pero en Argentina estamos acostumbrados a vivir al revés o en contradicciones. El derecho a la vida que muchos asesinos han coartado a sus inocentes víctimas tiene que ser compensado con su sanción correspondiente, y de la mano, contar con posibilidades educativas y culturales lo más completas posibles. Pero si eso es casi imposible verlo para un pequeño de 10 o 18 años, sería la “argentina perfecta” vislumbrarlo para un encarcelado.

Paralelo a todo ese deprimente escenario se encuentran los institutos de menores. Ya es “vox populi” el comentario que los jóvenes que incurren en algún tipo de ilícito entran mal, y salen peor.
¿Dónde esta la educación? ¿Dónde están los esfuerzos por corregir lo mas que se pueda a un muchacho, sin desatender lo que ha hecho?

Al contrario. Entran, salen, y con antecedentes y sin control, vuelven a matar, violar o robar.
Podría pensarse como esperanzador el aumento del porcentaje destinado a educación que se refleja en el presupuesto del año 2009. Y aunque siempre se suele decir “la esperanza es lo último que se pierde”, también la incompetencia y la corrupción es lo primero que brota.

Como sucede a menudo al analizar las políticas que se toman desde el gobierno nacional – sea quien sea el Presidente y ministros de turno - para encarar un tema de suma importancia para todo el país, se hace necesario volver a mencionar el concepto de “políticas de estado”.
Las políticas de estado consisten en un lineamiento a seguir de manera inquebrantable, con pequeñas modificaciones, elaboradas para marcar el rumbo de un sector o ámbito, independientemente de la ideología de los gobernantes.

Pero es imposible pensar en eso en un país que, lejos de una cultura de unión partidaria, vive sumergida en el constante océano de entredichos y acusaciones entre funcionarios que se denuncian uno al otro, alcanzando en muchas de esas confrontaciones la categoría de “disparate mediático” que no sirve para nada.

La intención del ex vicepresidente Scioli engrosa la historia de normas y proyectos de leyes inventados sobre la marcha para tratar de contrarrestar el aumento de alguna variable que acompaña el andar de la sociedad. Es común ver este tipo de situaciones cuando crece, en especial, la inseguridad. Pero sacar más policías y/o patrulleros a la calle no sirve. Como sucede con la ley que obliga al uso de cinturones y los controles y multas en las calles: durante las primeras semanas todo es voluntad y control estricto. Después, nadie se acuerda. Ni las cámaras de televisión, y peor aún, las autoridades.

Así como ninguna clase social o zona de una ciudad o municipio se encuentra efectivamente a salvo de cualquier tipo de ilícito o crimen, los receptores del olvido de los funcionarios en general a través de los años se “educan” en un contexto de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Las muy malas influencias humanas que reciben solo los lleva a la desesperación y la idea de que un arma es un juguete, y que disparar es el divertimento perfecto.

Todo es tan conocido y debatido. Pero no parece que a nivel gobierno se hayan dado cuenta. Y si realmente son concientes, ¿Qué esperan? Quien sabe.